El BID estima que los países de la región debarán invertir alrededor del 3.12% del producto interno bruto (PIB) por año para contar con los servicios de infraestructura necesarios para cumplir con los ODS hacia el año 2030, mientras las cifras históricas indican que dicho porcentaje llega apenas al 1.8% del PIB.
Esquema de Cascada empleado por el Grupo Banco Mundial con el objetivo de movilizar recursos del sector privado y optimizar los recursos públicos y de la BMD. En términos simples, considera el endeudamiento con garantía soberana como fuente de último recurso, una vez se haya descartado la posibilidad de participación del sector privado.
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Cuando los países se enfrentan a restricciones presupuestarias, la reacción es casi típicamente indicar que implementarán asociaciones público privadas (APP) para el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, las APP no deben ser un instrumento reactivo ante situaciones de este tipo, sino que deben estar siempre consideradas como una herramienta para una provisión eficiente de servicios públicos.
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Cuando se plantea financiar proyectos de infraestructura por medio de asociaciones público privadas (APP) se parte, en muchas ocasiones, de premisas y expectativas que no necesariamente están en línea con las características de esta figura. En este breve artículo se presentan respuestas a 5 preguntas básicas que permiten comprender mejor el modelo APP.
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En un artículo anterior comentábamos sobre los elementos que determinan el peaje en una carretera y las razones por los que la longitud de una ruta no constituye un elemento adecuado para comparar el monto de dicha tarifa. Ahora bien, unido a este tema, en el universo de las asociaciones público privadas (APP) es común que algunos cálculos “rápidos” resulten en la afirmación de que los usuarios pagarán varias veces el costo de un proyecto. No obstante, algunos de estos análisis dejan de fuera principios básicos de finanzas y estructuración de proyectos que más que un sano control decantan en un ambiente de desconfianza alrededor de los modelos APP.
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el 10 de Febrero de 2020, el Senado de la República Dominicana aprobó la Ley de Alianzas Público Privadas (APP), estableciendo un marco legal para el desarrollo de proyectos de infraestructura de manera conjunta entre el Estado y empresas locales y foráneas. Este paso es fundamental tanto para la República Dominicana como para la región, pues con este hito se cuenta ahora con un marco legal para APP en todos los países de Centroamérica+RD lo que además de dinamizar la inversión pública permite pensar en una industria de alcance regional en el mediano y largo plazo.
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De acuerdo con datos de Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina debería invertir por año al menos un 7% del PIB en infraestructura, lo que implica una brecha respecto al 2% que se invierte como promedio actualmente. Lo anterior, junto a la necesidad de mejorar la calidad de los servicios públicos, ha llevado a los países a buscar esquemas de asocio con el sector privado para complementar esfuerzos en una relación de largo plazo que tiene como objetivo un ganar-ganar para las partes.
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De acuerdo con datos de Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina debería invertir por año al menos un 7% del PIB en infraestructura, lo que implica una brecha respecto al 2% que se invierte como promedio actualmente. Lo anterior, junto a la necesidad de mejorar la calidad de los servicios públicos, ha llevado a los países a buscar esquemas de asocio con el sector privado para complementar esfuerzos en una relación de largo plazo que tiene como objetivo un ganar-ganar para las partes.
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En días recientes se ha dado una discusión entorno al pago del marchamo (derecho anual de circulación en Costa Rica). En este sentido, les presento 7 puntos que he compartido en redes sociales al respecto.
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La Asamblea Nacional de Panamá avanza en la aprobación del proyecto de Ley No.12 “Regimen de Asociación Público Privada para el Desarrollo como incentivo a la inversión privada, desarrollo social y la creación de empleos”. Esta iniciativa tiene como objetivo acompañar con recursos y capacidades del sector privado las necesidades futuras de inversión tanto en nuevas obras como en necesidades de mantenimiento y operación de la red de infraestructuras que se ha desarrollado a lo largo del tiempo.
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El impulso a la inversión pública en infraestructura se posiciona como uno de los principales catalizadores. Sin embargo, debemos tener cuidado con aquel argumento que dicta que “toda obra dinamiza la economía”, ya que la experiencia local e internacional demuestra que proyectos mal planificados y débilmente gestionados, pueden transformarse en destructores de valor y en una seria amenaza para la hacienda pública.
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Después de aprobada la reforma fiscal, Costa Rica enfoca sus esfuerzos hacia la discusión y toma de decisiones en torno a políticas que detonen la reactivación económica y consoliden señales positivas en los mercados locales e internacionales. Analizamos en el Programa Malas Compañías los retos del país en esta coyuntura.
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La infraestructura se ha posicionado como un activo de inversión interesante tanto para actores financieros como del sector construcción; y en la búsqueda de oportunidades los inversionistas ponen en la mirada en aquellos mercados con robustos programas de asociación público privada (APP). ¿Qué perspectivas ofrece Centroamérica?
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Costa Rica se encuentra en la recta final del proceso electoral y la gran mayoría de ciudadanos aún está por decidir su candidato. En este contexto, este artículo presenta 5 puntos clave que esperan funcionar como una guía para que los electores puedan analizar las propuestas de los diferentes aspirantes a la silla presidencial.
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Costa Rica se encuentra a las puertas de arrancar el proceso electoral que definirá el rumbo del país para el período 2018-2022. El rezago en infraestructura será sin duda uno de los puntos centrales del debate nacional por lo que la tentación por salidas fáciles estará a la orden del día. En este contexto, los electores debemos estar preparados para analizar adecuadamente las promesas que se realizan.
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Costa Rica enfrenta un profundo rezago en infraestructura y unos niveles de inversión anual en obras de transporte (~1% PIB) muy por debajo de lo requerido (~3% PIB). Sin embargo, algunos proyectos puntuales se han venido desarrollando. ¿Cuándo se financiaron?
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La corrupción alrededor de proyectos de infraestructura pública ha dominado los titulares noticiosos a nivel internacional. Este artículo presenta 5 acciones necesarias para construir una visión de largo plazo, basada en una relación Ganar-Ganar entre el sector público y el privado.
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Costa Rica avanza en reformas que pretender agilizar los procesos de expropiación para el desarrollo de obra pública. Sin embargo, sigue quedando fuera del debate quién pagará y asumirá los riesgos de realizar la compra de los terrenos para el desarrollo de proyectos. ¿Puede trasladarse esto al sector privado o debe realizarlo el Estado?
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