La infraestructura se ha posicionado como un activo de inversión interesante tanto para actores financieros como del sector construcción; y en la búsqueda de oportunidades los inversionistas ponen en la mirada en aquellos mercados con robustos programas de asociación público privada (APP). En este sentido, al mirar hacia América Latina pensamos en economías como Chile, Colombia, Brasil o Perú. Pero dado el apetito por nuevas oportunidades, vale la pena preguntarse ¿qué sucede en áreas pocos exploradas como Centroamérica? Demos un breve vistazo a una región que posee el potencial de convertirse en un atractivo destino para la industria de la obra pública. Excluyamos por ahora el caso de Panamá, el cual lo trataremos en un futuro artículo.
Necesidades de inversión
En término de inversiones requeridas, basta con mirar al sector transportes (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos). En el caso el Plan Nacional de Transporte estima que en los próximos 20 años se deberán realizar inversiones por US$8,826 millones, compuesta de recursos para carreteras (US$7,813 millones), aeropuertos (US$361 millones), puertos (381 millones), transporte público en autobús (138 millones) y logística (US$76 millones). Por su parte, para el denominado Plan Regional de Inversiones en Infraestructura del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras), considera requerimiento de US$5,690 millones en transporte y logística y US$420 millones. Asimismo, el Plan Nacional de Transportes 2011-2035 de Costa Rica estima inversiones totales por US$ 58,000 millones, cifra similar a la cuantía total del producto interno bruto de dicho país.
¿Es posible que Centroamérica se consolide como destino de inversión?
Centroamérica es una región con significativas necesidades de mejoras tanto en infraestructura económica como social, pero con países que ya cuentan con marcos legales y alguna experiencia práctica en la ejecución de proyectos con participación del sector privado.
Las áreas por mejorar están identificadas. La Unidad de Inteligencia de The Economist publicó hace pocos meses el Infrascope 2017, un estudio donde se analizaron las condiciones de los países para el desarrollo de APPs. En el caso de Centroamérica la principal debilidad en esta evaluación se presentó en el área de financiamiento, donde pesaron factores como la capacidad de pago de los gobiernos y usuarios, la disponibilidad de mejoradores crediticios, el desarrollo de los mercados de capitales y la experiencia acumulada de los inversionistas institucionales. Junto a esto, la región aún debe poner atención a elementos como la adecuada preparación de proyectos, el establecimiento de una tubería de proyectos de largo plazo y la consolidación de equipos técnicos de alto nivel en las instituciones.
Pero, los países han tomado acciones, especialmente a la luz de realidades fiscales que impiden continuar con un modelo basado en presupuestos públicos. Guatemala anunció está en proceso de desarrollar su primer proyecto bajo la legislación APP, la carretera Escuintla-Puerto Quetzal (US$80 millones). Honduras ha desarrollo los corredores “Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio y Tegucigalpa-Puerto Cortés” (US$121 millones) y “Corredor Turístico El Progreso-Tela y Tramos San Pedro Sula-El Progreso y la Barca-El Progreso” (US$268 millones) y cuenta con participación privada en Puerto Cortés (US$624 millones). Costa Rica posee experiencia con la concesión vial Ruta 27 (US$360 millones) y sus aeropuertos son gestionados por empresas privadas. A su vez, construye actualmente una terminal de contenedores en el Caribe con una inversión de US$1,000 millones. Por su parte, El Salvador y Nicaragua prospectan lo que serán sus primeros proyectos APP.
Centroamérica está en camino a despegar en el mundo de la infraestructura, la pregunta ¿cuánto tiempo tomará? Seguiremos comentando al respecto.