En días recientes se ha dado una discusión entorno al pago del marchamo (derecho anual de circulación en Costa Rica). En este sentido, les presento 7 puntos que he compartido en redes sociales al respecto:
1) El impuesto sobre la propiedad de vehículos representa aproximadamente un 65% del pago del marchamo.
2) El impuesto sobre la propiedad de vehículos genera al Gobierno cerca de US$300 millones anuales, lo que representa alrededor de un 0.5% del producto interno bruto (PIB).
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Contraloría General de la República (CGR).
3) La cifra de recaudación del impuesto sobre la propiedad de vehículos debe analizarse a la luz de las necesidades de inversión. Actualmente, el país destina anualmente cerca del 1% del PIB a infraestructura de transporte, mientras de acuerdo a comparables internacionales y estimaciones locales (como el Plan Nacional de Transporte) debería estar entre 2% y 3% del PIB ( es decir entre US$600 millones-US$1,200 millones adicionales).
Fuente: Datos CGR, MOPT y BCCR.
4) La legislación vigente destina 50% de los recursos del impuesto a la propiedad de vehículos al CONAVI ($150 millones) y 2% al fondo de preinversión de Concesiones. Los recursos restantes atienden necesidades generales del Gobierno Central (aquí la discusión sería en qué queremos que se enfoque la acción del Estado).
5) ¿Necesidad de utilizar los recursos de manera más eficiente? Sin duda, y con modelos en los cuales el Estado contrate servicios y no “obras”, podríamos generar mejoras. Pero aún así los recursos serían insuficientes para desarrollar los proyectos que requerimos y asegurar un adecuado mantenimiento y operación de los existentes.
6) ¿Y el impuesto sobre los combustibles? Este impuesto genera aproximadamente US$900 millones al año, de los cuales 40% se destinan a CONAVI y Municipalidades. Ahora bien, ante la introducción de tecnologías limpias en transporte, enfrentamos el reto de reducir nuestra dependencia de tributos sobre combustibles fósiles.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CGR.
7) En conclusión: es entendible el reclamo de la ciudadanía al no ver encontrar relación entre el pago de marchamo y la infraestructura vial. Pero procuremos un debate de fondo haciéndonos las siguientes preguntas: ¿Tenemos claro la dimensión del reto que enfrentamos en infraestructura? ¿Cómo pagaremos por la infraestructura que requerimos (y su mantenimiento)? ¿Cuáles fuentes de ingreso sustituirían o complementarían a las actuales? ¿El modelo de depender del vehículo es lo que deseamos perpetuar? ¿Qué prioridades queremos que el Estado atienda?