Centroamérica es una región que en su conjunto -añadiendo la República Dominicana- alcanza un producto interno bruto (PIB) superior a los US$300 billones y una población de más de 50 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, es una dimensión similar a la economía de Colombia (US$310 billones/50 millones de población) y de una mayor que Chile (US$277 billones/18 millones de población) o Perú (US$210 billones/32 millones de población).
Y si bien en términos económicos y comerciales la región ha dado pasos importantes con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la negociación en bloque de tratados comerciales como el CAFTA-DR (tratado de libre comercio entre Centroamérica República Dominicana y Estados Unidos), aún está pendiente el reto de desarrollar y gestionar la red de transporte y logística de manera articulada entre países.
De acuerdo con datos de la Agencia Japonesa de Cooperación -JICA- (2017) en su informe Proyecto de Estudios para Diagnóstico, Mapeo y Diseño de la Institucionalidad Regional de la Movilidad y Logística de Centroamérica, el total de carreteras nacionales asciende a 126,800 km, se cuenta con 20 aeropuertos internacionales, 264 km de ferrocarriles operativos, 34 puertos marítimos, 19 puestos fronterizos y un canal interoceánico.
Pero más allá del stock de infraestructura es el servicio que el mismo ofrece y su capacidad para facilitar la actividad económica. Así, mientras en Centroamérica la velocidad media de un camión de carga se encuentra entre 4 y 18 km/h, en Estados Unidos este indicador no baja de 75 km/h. Específicamente, según datos del informe Freight Facts and Figures 2017 publicado por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, al 2015 la velocidad promedio del transporte de carga en las principales áreas metropolitanas del país era de aproximadamente 88km/h (dato similar para movimientos interestatales), registrando la más baja (75 km/h) en ciudades como San Francisco y Los Ángeles.
Dentro de los principales factores que explican la significativa brecha logística se encuentra indudablemente la limitada iinversión en infraestructura (hoy la región invierte por año menos del 1% del PIB en infraestructura de transporte), pero sobre todo la carencia de lineamientos que permitan articular los esfuerzos y optimizar el uso de los activos desde una óptica regional.
Política Regional de Movilidad & Logística
En este contexto, la Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA) en conjunto con el apoyo de organismos multilarales y de cooperación, desarrolló la Política Marco Regional de Movilidad & Logística, la cual considera los siguientes pilares estratégicos:
Co-Modal: integración de los distintos modos de transporte e infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, pasos fronterizos, centro de distribución).
Cadenas de Distribución Integradas: integración regional de las cadenas de producción y distribución, optimizando el uso de la red de infraestructuras.
Movilidad de las Personas: Junto al mejoramiento del desempeño logístico, mejorar la movilidad de las personas, favorenciendo tanto la mejora en calidad de vida en centros urbanos como la integración integral de los territorios.
Colaboración Público Privada: Vincular los esfuerzos a nivel de los Estados con los sectores productivos. Asimismo, incorporar mecanismos innovadores de financiamiento privado para el financiamiento y gestión de las obras y servicios de infraestructura que conforman la iniciativa.
Alianzas Público Privadas (APP)
La implementación de esquemas de asociación público privada (APP) se posiciona como un componente central para complementar los esfuerzos de inversión con cargo a presupuestos públicos y a mejorar a su vez la programación del mantenimiento y operación de los activos nuevos y existentes. Sin embago, es importante que comprendamos que el éxito en la implementanción de estos esquemas dependerán de al menos 3 puntos clave:
Preparar para Construir: De acuerdo con datos del Global Infrastructure Hub, la economía mundial requerirá invertir anualmente US$3 trillones, monto que considera dentro del total entre un 5% y 10% para la preparación de proyectos (US$300 billones). Es decir, recursos para dar los pasos que convierten las ideas en proyectos, desde su fase de prefactibilidad hasta el lanzamiento exitoso del proyecto al mercado (recordemos que la competencia es global).
2. Política de Estado: Preparar proyectos sólidos requiere de una visión que supere periodos presidenciales y deje de lado la inauguración como el único indicador de desempeño. En esta línea, una revisión de experiencias en países de primer orden en el desarrollo de infraestructura, muestra que para “poner la primera piedra” y dar inicio a la operación, es necesario un serio trabajo previo que puede tomar incluso décadas (dependiendo de la complejidad del proyecto).
3. Armonizar reglas APP: Los países de Centroamérica cuentan con legislación para el desarrollo de infraestructura por medio alianzas público privadas (APP-Concesiones), siendo Panamá el de más reciente aprobación (2019). Asimismo, se espera que pronto la República Dominicana logre dar un paso en la misma dirección. Considerando que la competencia por la atracción de inversión es global y que uno de los elementos centrales será la generación de un pipeline continuo con montos de inversión atractivos para firmas locales y foráneas, es importante que la región avance hacia una homogenización de las reglas y condiciones con las que se desarrollan proyectos bajo esta modalidad.
Si bien los marcos institucionales y jurídicos son distintos, agrega valor y credibilidad a los inversionistas el que al menos las reglas de licitación, evaluación de oferentes y bases contractuales ofrezcan líneas homogéneas que denoten seriedad y compromiso con la transaprencia y la seguridad jurídica. A la fecha, cada país es muy distinto en cuanto a condiciones y buenas prácticas en la implementación de APPs, desde sus fases preparatorias hasta su puesta en marcha.
Centroamérica se encuentra ante el reto de establecer una visión y acciones claras que permitan que la infraestructura se convierta en un facilitador (y no un obstáculo) de la actividad económica. Para ello la implementación de planes y programas regionales marca un primer paso hacia el posicionamiento como un mercado atractivo para la inversión en obras y servicios públicos.