De acuerdo con el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, Panamá descata como una de las economías con las mejores redes de infraestructura a nivel regional. Este desempeño se basa en un significativo esfuerzo de inversión que ronda un 5% del PIB por año (Ver: América Latina en Datos). No obstante, estos flujos de inversión ha provenido principalmente de esquemas públicos, siendo Panamá una economía que aún enfrenta retos importantes para convertirse en un hub de inversión privada en el sector. Esto lo ratifica el Reporte Infrascope 2019, el cual ubica a Panamá en la posición 14 de 21 paises evaluados en América Latina en relación a las condiciones para desarollo de asocios público privados (APP).
Elaboración propia con base en datos del Foro Económico Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
El Infrascope 2019 evalúa 5 componentes: i) Regulaciones, ii) Instituciones, iii) Madurez, iv) Clima de Inversión y v) Financiamiento. En este informe Panamá destaca en cuanto clima de inversión (7 de 21) y disponibilidad de financiamiento (8 de 21), pero señala un amplio espacio de mejora en relación al marco legal e institucional.
En este contexto, la Asamblea Nacional de Panamá avanza en la aprobación del proyecto de Ley No.12 “Regimen de Asociación Público Privada para el Desarrollo como incentivo a la inversión privada, desarrollo social y la creación de empleos”. Esta iniciativa tiene como objetivo acompañar con recursos y capacidades del sector privado las necesidades futuras de inversión tanto en nuevas obras como en necesidades de mantenimiento y operación de la red de infraestructuras que se ha desarrollado a lo largo del tiempo.
Es importante señalar que si bien Panamá ha sido un país proclive a la inversión privada, los mecanismos APP no han sido a la fecha un modelo con relevante. Aparte de los sectores de energía y telecomunicaciones (abiertos al sector privadas), los ejemplos vigentes se limitan a puertos y ferrocarril (excluye el Metro que se desarrolla bajo esquema tradicional).
Elaboración propia con base en Infrascope 2019.
Alcance de la nueva Ley APP
La legislación APP de Panamá se guiará por principios de selección de proyectos similares a los de otras naciones latinoamericanas (incluyendo análisis de Valor por Dinero). Asimismo, establecerá una serie de limitaciones y exclusiones para la apliación de la misma. Por ejemplo, se dejan de lado los servicios de salud, educación y seguridad. Asimismo, se excluye la aplicación a la Autoridad del Canal de Panamá.
Estas exclusiones imponen un reto para la construcción de una cartera de proyectos (pipeline) con una dimensión que permita posiconar al país como destino de inversión. Del mismo modo, Panamá debe tomar las lecciones aprendidas en la concesión de los corredores viales para recobrar la confianza de la ciudadanía en figuras de inversión privada que sin duda poseen el potencial de aportar a la ampliación y gestión eficiente de los activos de infraestructura que son hoy el motor de la economía.
En el próximo artículo nos enfocaremos en los pasos fundamentales que deberá seguir Panamá para la construcción de una cartera de proyectos técnica, financiera y legalmente sólida que garantice resultados positivos para usuarios e inversionistas y que contribuye a su vez a la sostenibilidad fiscal de largo plazo.