En pocos meses iniciará el cobro del marchamo (impuesto a la propiedad de vehículos) en Costa Rica, el cual junto al impuesto único sobre los combustibles son obligaciones de pago que el ciudadano vincula directamente con la calidad de la infraestructura vial. En este contexto, vale la pena tener presente los datos de recaudación y asignación de ambos tributos.
Impuesto sobre propiedad de vehículos (marchamo) e impuesto único sobre combustibles generan anualmente alrededor de US$1,200 millones
La recaudación total del impuesto que pagamos sobre los combustibles (Ley 8114) y el impuesto sobre la propiedad de vehículo -principal componente del cobro de marchamo- (Ley 7088), genera el fisco US$1,200 millones, lo que significa aproximadamente 2% del producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, las múltiples obligaciones del Gobierno Central junto a necesidad de reducir el endeudamiento público (55% del PIB de acuerdo a datos publicados por el Banco Central de Costa Rica en la Revisión del Programa Macroeconómico 2019), impiden que la totalidad de estos recursos se destinen a proyectos de infraestructura. Seguidamente se presenta un desglose del destino de los recursos que pagan los contribuyentes por medio de los impuestos mencionados.
Impuesto Único sobre los Combustibles generaría en 2020 US$880 millones, del cual 40% se destinaría al CONAVI y Municipalidades
La Ley No. 8114 de “Simplificación y Eficiencia Tributaria” estableció un tributo de suma fija sobre todo tipo de combustibles fósiles, el cual se ajusta trimestralmente con base en el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Esta legislación y la reforma ejecutada por medio de la Ley No. 9329 “Ley Especial para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”, establece además el destino de los recursos captados. Específicamente, 21.75% se deben dirigir al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para atención de la red vial nacional (7,814 km), 22.5% a municipalidades para mantenimiento de la red de caminos locales (36,304 km) y 1.0% a LANAMMEUCR para supervisar la calidad de la red nacional. Asimismo, se asigna un 3.5% del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), 0.1% al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y una suma fija ajustable anualmente para la Cruz Roja (aprox. US$4 millones en 2020).
Sin embargo, las múltiples obligaciones del Gobierno Central junto a necesidad de reducir el endeudamiento público (55% del PIB de acuerdo a datos publicados por el Banco Central de Costa Rica en la Revisión del Programa Macroeconómico 2019), impiden que la totalidad de estos recursos se destinen a proyectos de infraestructura. Seguidamente se presenta un desglose del destino de los recursos que pagan los contribuyentes por medio de los impuestos mencionados.
Cabe señalar que la Ley N° 9635 “Fortalecimiento de las finanzas públicas”, indica que cuando la deuda del Gobierno Central supere 50% del PIB (55% del PIB a julio 2019), el Ministerio de Hacienda tendrá potestad de asignar recursos de destinos específicos con base al estado de las finanzas públicas.
Impuesto sobre la propiedad de vehículos genera US$300 millones, cerca de un 45% se invierte en la red vial
La Ley No. 7088 establece un impuesto escalonado a la propiedad de vehículos (1.2% a 3.5%). Con respecto al destino de los recursos, la Ley 7798 de “Creación del Consejo Nacional de Vialidad” indica que 50% debe ser dirigido al CONAVI para el mantenimiento de la red nacional de carreteras.
Cabe destacar que en julio 2019, el Gobierno de Costa Rica firmó una ley (pendiente de publicación en el Diario oficial La Gaceta) que destina un 2% de los recursos captados anualmente por este tributo (US$6 millones) durante 10 años, para la creación de un fondo de preinversión y capacitación del sector público en concesión de obra pública (asocios público privados -APP).
Prioridades y expectativas
Sin duda alguna estos tributos reflejan un problema estructural por resolver tanto en relación a las prioridades de gasto del Gobierno Central como de las expectativas que se generan en los ciudadanos. En este sentido, es importante que se actúe con la cautela necesaria en un equilibrio entre las necesidades de infraestructura y la urgencia de mantener un camino de consolidación de la situación fiscal.
A su vez coloca, el tema de los impuestos sobre combustibles debe ser de atención prioritaria de los países, ante la necesidad de establecer fuentes de fondeo alternativas en un entorno que transita hacia formas de transporte limpio.