Costa Rica se encuentra en la recta final del proceso electoral y la gran mayoría de ciudadanos aún está por decidir su candidato. En este contexto, este artículo presenta 5 puntos clave que esperan funcionar como una guía para que los electores puedan analizar las propuestas de los diferentes aspirantes a la silla presidencial.
1. La solución va más allá de 4 años
Decir que todo se soluciona en 4 años es sencillamente un imposible. Si algo urge el país es una visión de largo plazo con una línea estratégica. Basar el desarrollo de infraestructura en las inauguraciones es sencillamente condenarnos a seguir en la improvisación actual.
Por vivir de propuestas de 4 años es que los gobiernos de turno pierden interés en cualquier proyecto que no tenga alta probabilidad de ser construido e inaugurado durante su mandato. Se desprecian pasos clave como el desarrollo de estudios previos, el inicio de procesos de expropiación y la relocalización servicios, pues además de que el gobierno de turno no capitalizará el rédito político del proyecto, se concibe como un riesgo avanzar con estas tareas que facilitarían el camino a la próxima administración. Este círculo vicioso tiene hoy a Cartago, Limón, San Ramón sin la modernización de las carreteras clave, tiene entrabada la Circunvalación Norte...y así podemos seguir mencionando casos...
2. Hay recursos, pero no serán suficientes
El Plan Nacional de Transportes 2011-2035 (PNT) cuantificó las necesidades anuales de inversión vial de Costa Rica en torno al 4% del PIB (esto equivale a más de US$2,000 millones por año). Estas cifras toman en cuenta la reconstrucción y mantenimiento del "stock" actual de carreteras, así como nuevos proyectos para expandir la capacidad de la red. Considerando que actualmente invertimos menos de 1% del PIB, la brecha anual ronda el 3% PIB (más de US$1,500 millones).
De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda a Enero 2017, un total de US$1,588 millones han sido aprobados. Sin embargo, es necesario considerar que ya una parte está ejecutada y que el resto está debidamente asignado. Es decir, esto está lejos de ser "la fuente eterna de recursos que nos resolverá los problemas por siempre". Además de los US$1,588 millones ya US$300 millones han sido ejecutados como parte del Programa de Infraestructura Vial 1 (PIV1) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como los US$52 millones adquiridos con la Corporación Andina de Fomento para el proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper. En el resto de operaciones los proyectos están debidamente identificados.
Pero, la infraestructura no es sólo transporte, existen amplias necesidades en otros sectores como educación, salud, seguridad, edificaciones públicas, irrigación, esparcimiento, gestión de desechos, logística, agua potable y alcantarillado, prevención de desastres. En el caso concreto de agua y saneamiento, el Plan Nacional de Inversiones en Saneamiento 2016-2045 estima requerimientos por US$3,654 millones en expansión y US$2,793 millones en rehabilitación, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS).
3. Los fideicomisos no sustituyen concesiones (APP/PPP)
Algunos grupos han desalineado el debate al posicionar en los ciudadanos la idea que los fideicomisos son un esquema que permite prescindir de las empresas concesionarias y a su vez evita el Estado deba aportar equity y garantías en los proyectos.
En proyectos de infraestructura el concesionario aporta capital de riesgo (equity) y la experiencia y conocimiento de la industria (puertos, aeropuertos, carreteras, acueductos, etc.). Por su parte el Banco es un actor pasivo del proyecto que no toma decisiones en el día a día del proyecto ni asume los principales riesgos, tampoco realizará aportes adicionales ante eventos de riesgo (sobre-costos, atrasos, etc.) algo que sí le corresponde a un concesionario.
Y este entramado financiero, los fideicomisos juegan un rol crucial para el adecuado manejo de las finanzas del proyecto, pero NO son un sustituto del concesionario. En esto aplica el principio "Zapatero a tus Zapatos".
4. Los recursos de las pensiones y el INS serían potenciales financiadores...de nuevo "Zapatero a tus Zapatos".
Es común escuchar en Costa Rica que la solución al rezago en infraestructura pasa por utilizar los fondos de pensión o por canalizar recursos de inversión del Instituto Nacional de Seguros (INS). Pero ojo, esto debe ser analizado en su adecuada dimensión, sin caer en "facilismos" que realmente no son viables.
Los fondos de pensión y demás inversionistas institucionales como el Instituto Nacional de Seguros (INS) participarían en su rol de financiadores, es decir no sustituyen ni al Estado ni al concesionario.
Además, aquel argumento de "flujo del peaje repaga" al que analizarlo con cuidado, pues no responde a la pregunta ¿quién asume los riesgos? Si un fondo de pensión o el INS dice que participará en obra pública con la condición de que no sea concesión, pues será el Estado quien deba asumir dicho compromiso, es decir más deuda pública.
Cada actor en su rol, "zapatero a tus zapatos".
5. Las concesiones (APP/PPP) son más rigurosas con la empresa privada...Dejemos de lado los mitos
Debemos tener presente que el Estado siempre ha contratado empresas privadas para el desarrollo de proyectos, no es algo que se ha dado en los últimos 30 años como algunos han señalado. Lo que sucede es que en este modelo convencional el Estado contrata a una empresa el diseño, a otra la construcción y a otros el mantenimiento. La empresa realiza su trabajo y sale. Por su parte el Estado retiene los riesgos y responsabilidades. Un ejemplo, la carretera a San Carlos.
Contrario a este modelo convencional, la concesión (APP/PPP) es más rigurosa con la empresa privada pues le imponen un mayor nivel de exigencia con respecto relación al modelo de contratación convencional. Mientras en el modelo convencional se depende exclusivamente de la capacidad de pago del Estado, en las concesiones (APP/PPP) se depende de la exitosa implementación de un modelo de negocios sostenible en el largo plazo. En este modelo, un sobrecosto o atraso impacta negativamente la utilidad esperada de la empresa. Y siempre se le paga por resultados.
En el próximo artículo analizaremos 5 puntos adicionales al rezago en infraestructura, uno de los principales problemas que mina nuestra calidad de vida, la competitividad del país y la credibilidad del ciudadano en el sistema político. Es hora de que los ciudadanos incidamos exigiendo soluciones serias de largo plazo y no más improvisaciones.