Hoy, 18 de Enero de 2018, la agencia calificadora Fitch Ratings anunció que degrada la perspectiva crediticia del Gobierno de Costa Rica de estable a negativa. Este anuncio se da 1 años después de que la misma calificadora disminuyera la calificación de riesgo país de Costa Rica (de BB+ a BB) seguido en febrero 2017 por Moody´s (de Ba1 a Ba2). Es decir, no se han ejecutado acciones que atiendan el problema y más bien el deterioro continúa.
Esto es producto de una compleja situación en la cual el déficit fiscal del Gobierno Central superior al 6% del PIB, sin una perspectiva clara de mejora. Una diferencia anual entre ingresos y egresos que ronda los US$3,600 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva este monto equivale a 18 carreteras como la de Cañas-Liberia-
Teniendo presente que en infraestructura de transportes el país invierte menos del 1% del PIB por año cuando debería estar en un rango entre 2% y 3% del PIB, entramos en un problema que grandes dimensiones. Pues al lado de las frágiles finanzas públicas, enfrentamos una brecha en anual de inversión de alrededor de unos US$1,200 millones. Esto sin cuantificar las enormes necesidades en infraestructura de salud, educativa, agua, saneamiento, esparcimiento, entre otras. Y antes de que alguien diga "pero tenemos un montón de créditos aprobados", recordemos que los créditos disponibles para infraestructura de transporte equivalen apenas a la brecha de 1 año.
Vale la pena preguntarnos entonces ¿qué impacto tiene la caída en la calificación país y que cuidados debemos tener para alcanzar el sueño de muchos costarricenses de no durar 4 horas diarias en presas, de contar con trenes de primer mundo o bien de poder movilizar bienes de frontera a frontera de manera eficiente?
Endeudarse para nuevos proyectos más caro y más complejo
La caída en la calificación de riesgo quiere decir que los inversionistas confían menos en la capacidad del Gobierno de Costa Rica de pagar sus deudas. Esto se traduce en que cada vez que el Gobierno pida nuevos recursos prestados, deberá pagar una mayor tasa de interés. La sencilla relación de riesgo / rendimiento. Pero además, la capacidad para endeudarse es menor, pues si no queremos entrar en una situación más complicada, debemos medirnos en cuánto pedimos prestado.
Si bien es cierto que es más costoso no tener la infraestructura, pero debemos tener cuidado de desarrollar proyectos de manera eficiente. Es decir, terminar pagando 2 o 3 veces más por un proyecto, elimina todo el beneficio que el mismo podía generar. Para los interesados lean al documento Atif Ansar, Bent Flyvbjerg, Alexander Budzier, and Daniel Lunn, 2016, "Does Infrastructure Investment Lead to Economic Growth or Economic Fragility? Evidence from China," Oxford Review of Economic Policy, vol. 32, no. 3, autumn, pp. 360–390
Es importante considerar además que proyectos como el Tren Metropolitano, San José-Cartago, Punta Sur Carretera San Carlos, Circunvalación Ruta 32-Calle Blancos, entre otros, no cuentan aún con una definición respecto a su financiamiento y gestión. Y San José-San Ramón aún debe ser resuelto (requerirá aportes del Estado, ¿cómo se registrará en las cuentas públicas?, etc.).
Usar eficientemente los recursos será una obligación
Cada $1 que paguemos por medio de impuestos o tarifas debe optimizarse. Esto quiere decir, evitar los sobre-costos, atrasos, el pobre mantenimiento y la improvisación. Específicamente deberíamos:
- Priorizar los proyectos como parte de una línea estratégica de país, por ej. "transporte limpio en la GAM", "Red vial estratégica a 4 carriles como mínimo".
- Contratar nuevos recursos solamente hasta que los estudios preparatorios, las expropiaciones y la re-localización de servicios públicas estén concluidos, sino corremos el riesgo de adjudicar para que pasen meses o años para iniciar, lo que se traduce en pagos adicionales.
- Aliarse con el sector privado, no por el simple financiamiento, sino por medio de estructuras que permitan que tanto las empresas como el Estado pongan sus intereses en línea con el éxito de largo plazo del proyecto (financiamiento, diseño, construcción, operación, mantenimiento).
Deuda, Concesiones o Fideicomisos: eligir conociendo implicaciones
Ningún modelo es mejor que otro por si solo. Sin embargo, es necesario que a la hora de seleccionar el mecanismo para el desarrollo de cada proyecto de obra pública, se consideren sus implicaciones bajo criterios técnicos y no ideológicos. En este sentido, es necesario que cada modelo se ponga en su real dimensión con el fin de evitar expectativas irreales sobre la población. Si lo agrupamos en 3 simples esferas: Deuda, Fideicomiso y Alianzas Público Privadas (Concesiones), podremos tener claro de entrada el alcance de cada uno de ellos. Ya vimos algunos de estos temas en el artículo "¿Y si quitamos a los concesionarios?" y el la cápsula técnica "Diferencia entre fondeo y financiamiento".
Fiscalmente responsable no implica dejar de preparar los proyectos
Hay tareas que el Estado no puede dejar de lado, ni el corto plazo ni mirando hacia los proyectos futuros. Ni tampoco es realista pensar que un fiduciario (que recibe órdenes del Estado) o ni tan siquiera un concesionario vaya a tomar tareas como realizar expropiaciones o los estudios preliminares necesario para definir qué tipo de proyecto se requiere. En este sentido, un Estado fiscalmente responsable debe:
- Realizar los nuevos estudios preparatorios necesarios para convertir las ideas en proyectos y evitar los costos de las improvisación en atrasos y sobrecostos.
- Realizar las expropiaciones para que los proyectos sean atractivos a muchos competidores en la fase licitatoria y no se incurra en el riesgo de adjudicar sin tener elementos como este ya listo (ya la experiencia nos ha mostrado el resultado) . Y no caigamos en "esperar una nueva reforma a la ley de expropiaciones para iniciar". Es necesario empezar ya, pero no solamente para los proyectos que urgen en el corto plazo sino para aquellos que sabemos se requerirá ejecutar en los próximos 10-30 años.
- Re-localización de servicios públicos.
Insisto en que estos elementos deben ser responsabilidad del Estado, tal y como se indica en el documento del Global Infrastructure Hub (2016). Allocating Risks in Public Private Partnership Contracts. Sencillamente ninguna empresa o inversionista pondrá $1 para expropiaciones o re-localización de servicios sin la seguridad de tiempos y un Estado eficiente. Y en el tema estudios, hemos demostrado que no hemos sido capaces de generar las condiciones necesarias para la iniciativa privada vía concesión (donde igual el Estado requerirá estudios preliminares).
Decir "que la expropiación la haga el mismo que desarrollará el proyecto" es simplemente no tomar decisiones con base en una expectativa irreal.
Enormes necesidades de inversión en infraestructura y un entorno fiscal complicado nos ponen ante un reto que requiere un gran esfuerzo país pero sobre todo una toma de decisiones donde prevalezca el criterio técnico sobre las pasiones y prejuicios. Es necesario tomar acciones serias que superen el horizonte de 4 años, exigirnos más y poner atención en esas fases "poco sexy" pero fundamentales de la obra pública.