Costa Rica requiere incrementar el nivel de inversión en infraestructura pública para la construcción de nuevas obras, pero también para preservar el valor los activos existentes por medio de su adecuada operación y mantenimiento. Sin embargo, alcanzar este objetivo en medio de un entorno de restricciones fiscales demanda de la implementación de mecanismos innovadores de asociación público-privada (APP) que permitan ejecutar los proyectos sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Para ello, Costa Rica cuenta con el esquema de reciclaje de activos, el cual fue introducido desde 2019 por medio de la reforma aprobada a la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos. En este contexto, el presente documento expone los elementos clave para la aplicación del esquema y analiza su potencial tomando como ejemplo los más de US$2.000 millones que ha invertido el país en proyectos viales durante la última década. Adicionalmente, el estudio examina el rol del reciclaje de activos como una alternativa para mejorar la forma tradicional de contratar el mantenimiento de carreteras y sustituir gradualmente las fuentes tradicionales de fondeo del impuesto sobre los combustibles y el impuesto a la propiedad de vehículos.