El próximo 15 de julio de 2022 vence el contrato de asociación público privada (APP) para el servicio de inspección vehicular en Costa Rica. Específicamente, el contrato denominado “Prestación de servicios para la creación y funcionamiento de estaciones para la revisión técnica vehicular” tenía como objetivo el financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento de 13 estaciones fijas y 4 estaciones móviles en todo el país para la inspección vehicular anual.
Este modelo permitió dejar atrás un sistema poco transparente donde las inspecciones de realizaban en diversos talleres privados, lo que se convertía básicamente en la compra de un “sticker” anual en el taller de confianza. Bajo el modelo APP se estandarizó la revisión y se impulsó una cultura de mantenimiento de la flota vehicular en un ambiente de servicio eficiente y de facil acceso al ciudadano. Actualmente se realizan inspecciones a toda la flota, generando ademas estadísticas y controles que han permitido mejoras en la calidad de los vehículos e incluso reducción en fraude y robo.
Sin embargo, la falta de acciones concretas (ver informe de la Contraloría General de la República) no permite ver con claridad qué sucederá a partir de julio 2022 y ya hay quienes hablan de una “apertura del mercado”. En este sentido, vale la pena mencionar 5 elementos a tomar en cuenta antes de apresurarnos a tomar decisiones que -aún con buenas intensiones- haga regresar a Costa Rica a los tiempos de las compras de stickers y el servicio de pobre calidad.
¿Romper el monopolio? Este es el tema central de quienes impulsan el no continuar con el modelo. Pero, pongamos esto en su clara perspectiva. La inspección vehicular no es un negocio privado convencional, es una regulación establecida por parte del Estado. El Estado en lugar de realizar la revisión directamente, contrata a un tercero para que construya, opere las estaciones y brinde el servicio. En las APP la competencia es por el mercado y no necesariamente en el mercado. En este sentido, de “abrirse el mercado o dividirse por regiones”, ¿cuál sería el criterio de competencia?… ¿el taller que me garantice pasar la prueba?, ¿Si tengo una región, cómo garantizo que quienes viven allí irán a mi taller? … Sin duda un modelo complejo.
¿Quién es el dueño de las estaciones y los equipos? Como en toda APP, el Estado es siempre el dueño de los activos, en este caso las estaciones y los equipos. Es decir, una vez termine el contrato, la responsabilidad de operar y mantener pasa en su totalidad al Estado ( ¿está en capacidad de hacerlo o pasaremos a las filas y espacios limitados que se viven para las pruebas para licencia de conducir? ).
Se termina el incentivo a invertir y modernizar equipos. En línea con el punto anterior, como sucede en todas las APP, la empresa privada invierte con base en el pedido de obras y servicios solicitados por el Estado en el contrato. Siendo los activos siempre propiedad del Estado, el único elemento en que se basa la empresa privada y los financiadores para poder repagar las inversiones es el flujo de caja generado. En este sentido, ¿quién invertiría en estaciones y equipos de primer nivel si sabe que mañana puede abrir en frente un nuevo taller de inspección técnica que se lleva sus clientes al ser más permisivo? NADIE. Sencillamente, el espejismo de la “apertura” llevará a un deterioro paulatino del servicio dada la inexistencia de incentivos a invertir.
¿Que lo hagan los talleres privados o los talleres de quienes venden vehículos? De nuevo, no perdamos de vista que el objetivo central es garantizar que la flota vehicular se encuentra en adecuadas condiciones procurando seguridad para conductores y una reducción del impacto sobre el medio ambiente. La mezcla de funciones de control con la de talleres privados o venta de vehículos puede generar importantes conflictores de interés y de nuevo el regreso a las malas prácticas del pasado.
Una oportunidad. Con la finalización del contrato en julio 2022, el Estado costarricense cuenta con una gran oportunidad de potenciar aun más el modelo. Las estaciones y equipos pasarán a manos del Estado, por lo que puede aprovechar el valor de estos activos. ¿De qué manera? Es posible lanzar una nueva licitación que solicite al ganador ampliar y modernizar las estaciones, incluyendo incluso nuevos servicios como podría ser pruebas de manejo o entrega de licencias (¿se imaginan todo esto en un sólo lugar y con servicio eficiente?). Esto sin que necesariamente se impacte la tarifa, dado que ya hay estaciones y equipos que fueron adquiridos previamente, lo que reduce las necesidades de inversión. Adicionalmente, las características del proyecto permitirían una interesante participación de actores como los fondos de pensión por medio del mercado de valores.
Es importante aprovechar el éxito de esta experiencia y poner en marcha las mejores prácticas para conservar y mejorar un servicio eficiente y de calidad para los ciudadanos. Esperemos impere la técnica en la primera experiencia de finalización de contrato de un APP en Costa Rica.