La urgencia por el desarrollo de infraestructura estratégica que ha sido postergada por años, nos hacer iniciar la búsqueda se "esquemas rápidos" que no siempre rinden los resultados esperados. Y muchos de los problemas nacen de 2 premisas: 1) pensar que el tener el dinero implica tener proyecto y 2) pensar que una ley garantiza que tenemos proyecto.
Sobre ambos temas profundizaremos en otros artículos, pero en línea con el punto 1, Costa Rica ha considerado los convenios País-País como una de las formas "rápidas" de ejecutar obras de infraestructura. En este contexto y a la luz del debate en torno a la ampliación de Ruta 32 (Río Frío-Limón), debemos tener presente los siguientes elementos estrictamente técnicos:
1) El dinero no hace proyecto: Es falso pensar que el suscribir un contrato de crédito con otro país garantiza el contar con un proyecto bien preparado. Recordemos que bien preparado implica al menos: i) estudios previos, ii) expropiaciones, iii) relocalización de servicios, iv) consultas con comunidades y v) valoración del esquema de financiamiento más eficiente. En este sentido, el contrato País-País no aporta a solucionar la pobre planificación y preparación que sufre el sector de infraestructura de transporte. Respecto a este tema, la experiencia del país es clara en cuanto a atrasos y gastos innecesarios que genera al país asumir créditos sin tener listos los proyectos. Pero esto no se trata sólo del atraso en el inicio de las obras, sino en los numerosos "imprevistos" que se materializan en el camino. Imprevistos que hubiesen sido "vistos" en adecuados estudios preparatorios.
2) Menos eficiente que el crédito convencional: En tiempos de restricciones fiscales el espacio de endeudamiento cada vez es menor. Alrededor del mundo esto se resuelve con la participación del sector privado, no como proveedor, sino como accionistas del proyecto, proporcionando parte o la totalidad del financiamiento necesario y asumiendo riesgos significativos. En el caso de los acuerdos País-País, no sólo se incurre en nuevo endeudamiento, sino que además se pierde la eficiencia que genera un proceso de licitación competitivo, si es que terminan siendo un acuerdo País-Empresa, sin que medie una sana competencia. En este sentido, el Estado pierde la capacidad de negociación y los ciudadanos la posibilidad de optimizar el uso de los recursos que pagan en impuestos.
3) Más politización: Este tipo de acuerdos requieren aprobación legislativa, pero no sólo se discute la autorización de endeudamiento, sino también el alcance del proyecto. La experiencia es clara en cuanto a lo inadecuado de establecer la Asamblea Legislativa como el foro de discusión de elementos estrictamente técnicos. La toma de decisiones debe ser basadas en las mejores prácticas, independientemente de los intereses políticos o de actores privados con cierta capacidad de influir.
4) Transparencia: La selección directa de una empresa limita la transparencia, un elemento clave que ha minado la confianza de la ciudadanía en el sector. Los ciudadanos deben saber Todo sobre los proyectos de infraestructura: ¿cuánto costará construirlo? ¿cuánto costará manterlo? ¿qué empresas participan? ¿por qué se seleccionó a determinada empresa?, etc. Estamos hablando de recursos públicos por lo que responder a estar preguntas es clave. Y en un clima de desconfianza, sencillamente nada avanzará.
5) Los países no quedan fuera: El mensaje para las empresas que estarían participando por medio de esquemas País-País, es que nadie las está dejando fuera. El país por medio de los procesos competitivos de licitación abrirá espacio para que participen tanto empresas locales como foráneas, ganando eso sí aquellas que permitan lograr el objetivo de manera más eficiente. Además, en el caso de establecer un modelo de concesión (o APP), los países por medio de sus agencias de exportación, pueden promover la participación de sus empresas y/o venta de sus equipos y materiales, pero eso ya sería en una negociación con el concesionario que el Estado de Costa Rica ha adjudicado para la ejecución del proyecto. Aquí ya hablamos de una relación 100% entre privados, sin que medien criterios de otra naturaleza en las decisiones. También, bienvenidas las empresas extranjeras a presentar proyectos de iniciativa privada que, de nuevo, garanticen competencia, transparencia y eficiencia.
En conclusión, no existe una ruta mágica y rápida para el desarrollo de infraestructura. La adecuada planificación y preparación, es poco sexy (no genera votos), pero sin duda es la piedra angular del éxito. Y una vez preparado el proyecto, la etapa ejecución siempre debe fundamentarse en esquemas que además de garantizar transparencia absoluta, resulten en el uso eficiente de los recursos que aportamos los ciudadanos vía tarifas e impuestos.