En Junio 2020 la firma calificadora S&P redujo la calificación de riesgo de Costa Rica de B+ a B con perspectiva negativa, argumentando importantes limitaciones fiscales y el impacto de la desaceleración económica sobre los niveles de recaudación previstos. Específicamente, la calificadora proyecta un nivel de deuda superior al 60% del PIB junto a un défiict fiscal del 9% del PIB. Al mismo tiempo, el país busca alternativas para continuar invirtiendo en infraestructura en un escenario donde los nuevos recursos son prácticamente inexistentes. En este contexto, el país posee la capacidad de recurrir al esquema de reciclaje de activos.
Este modelo fue incorporado en 2019 a la legilslación por medio de la Ley 9701 “Fortalecimiento de modelos eficientes de asocio entre el sector público y privado para el desarrollo de obra pública, mediante reforma a la Ley General de Concesiones No7762”, convirtiéndose así en el primer país de la región en contar con este instrumento de manera explícita dentro de su marco regulatorio. Esta herramienta es clave pues permitiría monetizar activos en medio de una situación fiscal restrictiva. Concretamente, con base en el análisis de 31 países seleccionados, el Fondo Monetario Internacional en su informe Monitor Fiscal de octubre 2018 (Managing Public Wealth) estimó que la infraestructura y terrenos de propiedad pública poseen un valor aproximado del 65% del PIB.
Lo que indica la legislación
Esta legislación permite al Estado costarricense estructurar contratos de concesión (ie. APP) de un activo público existente a cambio de una contraprestación inicial o periódica por parte del sector privado, a cambio de dar al concesionario el derecho de explotación de la infraestructura. Así, el sector privado asume la responsabilidad de mantener y operar el activo y a su vez realiza un pago al Estado (único o diferido). En contraprestación recibe el ingreso proveniente del cobro de tarifas a los usuarios o bien de pagos por parte de la administración concendente.
Asimismo, le ley obliga a que los recursos captados por el Estado por medio del reciclaje de activos, sean reinvertidos en la preparación y desarrollo de nuevas obras públicas, lo que facilitaría la aceptación por parte de los usuarios del proyecto reciclado.
Pero además de nuevos recursos, este mecanismo permite atraer el interés de inversionistas institucionales como fondos de pensión al generar un pipeline de proyectos brownfield (menor riesgo constructivo), adecuado para su perfil de riesgo típico. Asimismo, permite atender el grave problema que se está gestando producto de nuevos proyectos que ya muestran señales a pocos años de su inauguración gracias al muy limitado mantenimiento.
Potenciales proyectos
El modelo es aplicable a una amplia gama de activos públicos, sin embargo el ejemplo más claro lo imponente recientes proyectos viales que a poco tiempo de su inauguración ya presentan síntomas de una debil gestión del activo.
Recientemente, el medio AmeliaRueda.com informaba que el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) requiere de manera urgente de intervenir el Puente La Amistad en Guanacaste con el fin de garantizar su adecuada operación y seguridad. Esta necesidad es el resultado de 17 años (inaugurado en 2003) de abandono en los cuales el mantenimiento ha sido prácticamente inexistente. Ahora el costo de los trabajos se suma a la potenciales cierre con un impacto significativo en la actividad económica de la región. Y este mismo destino lo corren proyectos nuevos como Cañas Liberia y Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper.
Cañas Liberia (Ruta 1). Ampliación de la Ruta 1 en la sección Cañas-Liberia (50 km, 8,800 TPD). Este proyecto fue desarrollado en pavimento rígido con una inversión inicial de aproximadamente US$200 millones (empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo) y se ha posicionado como una carretera de referencia en cuanto a su nivel de servicio desde su inauguración en 2016. Sin embargo, surgen las siguientes preguntas: ¿la gestión de la carretera se enmarca en una estrategia de gestión de activos viales? ¿cuántos años más se mantendrá el nivel de servicio actual? En este sentido, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) implementó un Plan Piloto para evaluar los pavimentos rígidos en la red vial nacional, tomando este proyecto como referencia. Dentro de los principales hallazgos del LanammeUCR, destacan:
Pérdida acelerada de elementos retrorefelectivos de seguridad vial
Pérdida de sellos entre las juntas de las losas de concreto (se recomienda hacerlo cada 3 años)
Deterioros aislados que de no ser atendidos amenazan con destruir el valor del activo
Agrietamiento Cañas Liberia. Fuente: LanammeUCR.
Bajos de Chilamate - Vuelta Kopper (Ruta 4). Desarrollo de nueva sección de la Ruta 4 entre Bajos de Chilamate y Vuelta Kopper (27 km, 7,300 TPD, 40% carga pesada). Este proyecto reduce significativamente el transporte de mercancías entre la zona norte y la zona portuaria del Caribe. La inversión fue de US$74 millones (empréstito de la Corporación Andina de Fomento). La ruta inició operaciones en 2017.
Problemas de exudación. Fuente: LanammeUCR.
Ahora, a escasos 3 años de su inauguración, el LanammeUCR en su Informe LM-PI-UGERVN-5-2020 indica señales de deterioro propias de un escaso mantenimiento que el futuro resultaría mucho más costoso de atender. Específicamente se indica:
Deterioro por exudación.
Acumulación de sedimento y vegetación en alcantarillas y drenajes.
Grado apreciable de desgaste en la demarcación vial y dispositivos de seguridad (ojos de gato).
Sin duda, lo ocurrido en ambos ejemplos deber llamar a la reflexión sobre el destino del resto de proyectos que ejecuta el país como por ejemplo: pasos a desnivel ruta de circunvalación, sección norte del anillo de circunvalación, ampliación de la Ruta 32, la continuación de la ampliación de la Ruta 1 (Cañas-Barranca), entre otros.
En la presente coyuntura económica debemos tener especial cuidado con la frase “toda obra pública produce desarrollo” para enfocar los esfuerzos hacia una gestión activa y eficiente del balance público (activos y pasivos). Esto nos permitaría contar con servicios de calidad y al vez generar nuevos recursos tan necesarios (y escasos) para potenciar la competitividad y la calidad de vida. Costa Rica cuenta con el marco legal, ahora el paso es desarrollar un pipeline y estimar el potencial aporte que puede generar en corto plazo la monetización del stock de activos de infraestructura.