Puente La Amistad. Fotografía: Federico Villalobos.
El 19 de Febrero de 2020 el medio AmeliaRueda.com informó que el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) urge de intervenir el Puente La Amistad en Guanacaste con el fin de garantizar su adecuada operación y seguridad. Esta necesidad es el resultado de 17 años (inaugurado en 2003) de abandono en los cuales el mantenimiento ha sido prácticamente inexistente. Ahora el costo de los trabajos se suma a la potenciales cierre con un impacto significativo en la actividad económica de la región.
En este contexto, es importante que se analice la gestión de los activos viales del país que podría correr la misma suerte que el Puente La Amistad, siendo particularmente llamativos aquellos de reciente construcción pero que a la fecha carecen de un plan de mantenimiento y operación con visión de largo plazo.
Fuente: DeloitteCR
Cañas Liberia. Un ejemplo perfecto es la ampliación de la Ruta 1 en la sección Cañas-Liberia (50 km). Este proyecto fue desarrollado en pavimento rígido con una inversión inicial de aproximadamente US$200 millones (empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo) y se ha posicionado como una carretera de referencia en cuanto a su nivel de servicio desde su inauguración en 2016. Sin embargo, surgen las siguientes preguntas: ¿la gestión de la carretera se enmarca en una estrategia de gestión de activos viales? ¿cuántos años más se mantendrá el nivel de servicio actual? En este sentido, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) implementó un Plan Piloto para evaluar los pavimentos rígidos en la red vial nacional, tomando este proyecto como referencia. Dentro de los principales hallazgos del LanammeUCR, destacan:
Pérdida acelerada de elementos retrorefelectivos de seguridad vial
Pérdida de sellos entre las juntas de las losas de concreto (se recomienda hacerlo cada 3 años)
Deterioros aislados que de no ser atendidos amenazan con destruir el valor del activo
Agrietamiento Cañas Liberia. Fuente: LanammeUCR.
Dado este problema, ¿Con qué herramientas cuenta el Estado para asegurar el adecuado mantenimiento y operación del proyecto? y además ¿Cómo hacerlo en un contexto de limitaciones fiscales y de reducida capacidad para que el Estado atienda la gestión del activo? La respuesta podría estar en el marco de la Ley General de Concesión de Obra Pública (7762) y su reciente reforma (Ley 9701 de 2019).
Otros cambios de la reforma. La reforma aprobada en 2019 a la Ley de Concesiones introduce el modelo de optimización de activos, el cual permite al Estado estructurar un contrato de concesión de un activo público existente a cambio de una contraprestación inicial o periódica por el derecho de explotación que se otorga al sector privado. Cabe señalar que además de este mecanismos, el marco legal de la Ley de Concesiones es lo suficientemente flexible para permitir cobro sobre los usuarios, pagos del Estado o combinación de ambos en la determinación de las fuentes de fondeo.
Esta herramienta adquiere especial relevancia en un contexto donde el 2019 cerró con un déficit del Gobierno Central de 7% del producto interno bruto (PIB) y un nivel de deuda del 60% del PIB. El modelo permite también obtener recursos frescos para nuevos proyectos y garantizar una adecuada gestión de largo plazo, lo que reduce el impacto fiscal de largo plazo. De acuerdo con el informe “Global Build Asset Wealth Index 2015” publicado por la firma Arcadis, el stock de infraestructura y edificaciones de una nación posee un valor aproximado a 3 veces su PIB.
Bajo estas condiciones, el proyecto Cañas Liberia presenta una oportunidad para aplicar un modelo que además de proteger el valor del patrimonio vial, tendría el potencial de generar recursos adicional para proyectos clave en la provincia de Guanacaste. Las condiciones están dadas para iniciar un proceso de gestión responsable de la infraestructura del país, evitando que este y otras iniciativas se conviertan en un Puente La Amistad 2.0.
Esquema de Reciclaje de Activos desarrollado por Deloitte FAS para el Caso de Cañas Liberia en Costa Rica.