La construcción de un programa robusto de alianzas público privadas (APP) no pasa necesariamente por la disponibilidad de recursos financieros del sector privado, sino por la disposición de una cartera de proyectos sólidamente preparados y estructurados. De acuerdo con datos del Global Infrastructure Hub las necesidades de recursos para estas fases se ubican en un rango de entre 5% y 12% de la inversión total. Sin embargo, el incentivo a enfocarse en el corto plazo (lo que pueda inaugurar) se traduce en una limitada disponibilidad de recursos hacia actividades, que aunque muy importantes, son poco atractivas. En este contexto, Costa Rica ha tomado una decisión muy relevante al reformar la Ley de Concesión de Obra Pública (reforma se plasma en Ley 9701 publicada el 3 de Septiembre de 2019) para crear un fondo de preinversión permanente para el programa APP.
Fondo de Preinversión. Los recursos del fondo de preinversión proviene de un 2% del total que recauda el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves. El fondo tendrá caracter acumulable por un periodo de 10 años y podrá destinarse a desarrollo de perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño de los proyectos. En términos de montos, esto equivale a aproximadamente US$6 millones anuales, los cuales se acumularán por un máximo de 10 años. Del total de recursos hasta un 10% podrá destinarse al desarrollo de capacidades del sector público y privado. De esta manera, Costa Rica contará en adelante con recursos financieros ciertos para la ejecución de fases preparatorias en una decisión que marca un compromiso con la visión de largo plazo del programa de concesiones (APP).
Otros cambios de la reforma. Junto al fondo, la ley introduce el modelo de optimización de activos, el cual permite al Estado estructurar un contrato de concesión de un activo público existente a cambio de una contraprestación inicial o periódica por el derecho de explotación que se otorga al sector privado. Esta herramienta adquiere especial relevancia en un contexto donde el 2019 cerró con un déficit del Gobierno Central de 7% del producto interno bruto (PIB) y un nivel de deuda del 60% del PIB. El modelo permite también obtener recursos frescos para nuevos proyectos y garantizar una adecuada gestión de largo plazo, lo que reduce el impacto fiscal de largo plazo. De acuerdo con el informe “Global Build Asset Wealth Index 2015” publicado por la firma Arcadis, el stock de infraestructura y edificaciones de una nación posee un valor aproximado a 3 veces su PIB. En Costa Rica el análisis desarrollado por la firma Deloitte para la carretera Cañas Liberia encontró que, mediante un esquema de reciclaje de activos, este activo podría generar hasta US$230 millones para invertir en nuevos proyectos para Guanacaste y más de US$100 millones en ahorros fiscales al Estado, producto de la reducción en gastos de mantenimiento y gestión de riesgos asociados.
Además, la Ley 9701 le otorga al Consejo Nacional de Concesiones (CNC) el mandato de generar capacidades y de promover local e internacionalmente la cartera de proyectos de concesión. Para ello se le permite efectuar alianzas con instituciones como la Coalición de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) con el fin de permitirá transferir las lecciones aprendidas y experiencia exitosa del sector de comercio de exterior y atracción de inversión extranjera directa. El sector de las infraestructuras demanda de acciones concretas que consoliden un marco de confianza hacia los usuarios y los potenciales inversionistas. En este sentido, Costa Rica ha dado un paso trascendental que pone ahora sobre la mesa el reto de llevarlo a la práctica durante los próximos meses.
Esquema de Reciclaje de Activos desarrollado por Deloitte FAS para el Caso de Cañas Liberia en Costa Rica.