De acuerdo con datos del Informe de Coyuntura del Sistema Costarricense de Pensiones a Junio 2016, elaborado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en el país los diversos fondos administran recursos equivalentes a un 32% del PIB, cerca de US$18,000 millones. ¡Ahí está la solución a los problemas de infraestructura! dirán algunos. Ante esto es necesario considerar los siguientes 5 puntos para poner en una adecuada perspectiva esta afirmación.
1. Mercado de Valores es fundamental. El canal adecuado para que inversionistas institucionales como los fondos de pensión participen en proyectos de obra pública es el mercado de valores, mismo que además ofrece numerosas ventajas. Las emisiones públicas de títulos valores (acciones, bonos, titularizaciones) i) transparentan los proyectos de obra pública, ii) brindan acceso a recursos de largo plazo en diversas monedas y iii) fomentan la participación de numerosos inversionistas desde institucionales (pensiones, aseguradores, etc.) hasta personas físcas que desean invetir parte de sus ahorros en este tipo de proyectos. De esta forma el mercado de valores además de permitir canalizar recursos, permite alcanzar otros objetivos estratégicos como parte de la política pública de infraestructura. En este sentido, este es un pilar para que los fondos de pensión participen en obra pública.
2. Fondos de Pensión participarán como inversionistas financieros. Como analizamos en el artículo "Fideicomiso y Concesión: 10 Premisas Clave" en un proyecto de Alianza Público Privada (APP), la Empresa APP aporta capital de riesgo (entre 20% y 30% de inversión inicial) y la experiencia y conocimiento de la industria (puertos, aeropuertos, carreteras, acueductos, etc.). Por su parte los Financiadores serán actores pasivos del proyecto que no toman decisiones en el día a día del proyecto ni asumen los principales riesgos. Tampoco realizarán aportes adicionales ante eventos de riesgo (sobre-costos, atrasos, etc.) algo que sí le corresponde a la Empresa APP.
En el caso costarricense, los fondos de pensión y demás inversionistas institucionales participarían en su rol de Financiadores, con una preferencia las fases operacionales. Asimismo, es importante tener presente que cada proyecto tiene una capacidad de endeudamiento máxima, es decir no es posible pensar que los fondos de pensión financiarán el 100% de las obras.
3. A nivel internacional fondos de pensión y compañías de seguros dedican una porción limitada de su portafolio a infraestructura. De acuerdo con datos de la firma Preqin en su informe Infrastructure Deals 2016, a nivel global el sector infraestructura reportó en 2016 más de 1,700 transacciones por un valor cercano a los US$420,000 millones. Dentro de este mercado hay participación de inversionistas institucionales. Sin embargo, su exposición a proyectos de infraestructura es muy limitada dentro de sus portafolios, con cifras que rondan un 3.5% para fondos de pensión y compañías aseguradoras. Es decir, por cada $100 que gestionan, $3.5 los invierten en infraestructura.
4. Convertir ideas en proyectos es tarea del Estado. Convertir las ideas en proyectos adecuadamente preparados (planificación, estudios, expropiaciones) es una tarea responsabilidad del Estado. Asimismo, es el Estado quien debe generar las condiciones regulatorias que hagan del país un sitio atractivo para las Empresa APP. Esta es la Base Requerida para que los fondos de pensión, aseguradoras u otros inversionistas se interesen en actuar como financiadores de los proyectos de obra pública. El mercado de valores requiere proyectos, sencillamente no es suficiente con ideas o buenas intenciones.
5. Siempre deberemos pagar por los proyectos. El mensaje de "ahí están los fondos de pensión" debe leerse con cuidado, pues algunos sectores pueden interpretar esto como una promesa de proyectos gratuitos o poco costosos. Como lo hemos analizado, los inversionistas institucionales (fondos de pensión, aseguradoras, etc.) tienen como objetivo central la adecuada gestión de sus portafolios de inversión y analizarán los proyectos como una opción más de inversión, que si no cumple con sus expectativas de seguridad y rendimiento sencillamente la rechazarán. Siempre deberemos pagar por las obras que desarrollemos, sea por medio de tarifas o impuestos e independientemente si participan o no los fondos de pensión.
Modernizar nuestra infraestructura tras décadas de limitada inversión, depende de llevar el debate al campo técnico en la búsqueda de soluciones realistas y sostenibles. En este sentido, los fondos de pensión y su rol en el desarrollo de obra pública es uno de los primeros temas que debemos encausar en esa línea.