A partir del 1 de mayo de 2023, el Ministerio de Comunicaciones, Infrastructura y Vivienda de Guatemala se hará cargo de la carretera Palín Escuintla de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministrial 438-2023 publicado el 27 de abril de 2023.
Esta ruta de 23 kilómetros fue modernizada y operada durante 25 años bajo el Contrato de Concesión con la empresa Marhnos y pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de mejorar los procesos de finalización de los contratos de asociación público privada (APP) en algunos países de la región. Seguidamente se prestenta un infográfico de las posibles alternativas de los gobiernos ante la finalización de un contrato APP como es el caso de Palín Escuintla.
Posible alternativas al finalizar el contrato
Al finalizar el contrao de concesión, el gobierno posee varias alternativas que se resumen aquí de manera simplificada. Es posible que el gobierno retome la prestación del servicio, con el riesgos de un deterioro en el mismo en el caso de no contar con la capacidad operacional y los incentivos necesarios para matener una disciplina en el cobro. Esta alternativa es atractiva para gobiernos y ciudadanía sobre todo considerando la errónea percepción de los proyectos como obras constructivas y no como prestación del servicio. En este caso, la idea de una “obra ya pagada” hace que se pierda de vista la relevancia de la continuidad en la prestación del servicio y el costo asociado para esto.
Por otra parte, se puede plantear un nuevo contrato APP para operación y mantenimiento con reducción de tarifas o bien aprovechar el valor del flujo de caja que genera el proyecto actualmente para implementar un reciclaje de activos que capture dicho valor para la ejecución de nuevas inversiones sea en el mismo activo o en otros sectores de relevancias.
Reciclaje de Activos para optimizar el activo
El reciclaje de activos consiste en un modelo APP en el que se concesiona al sector privado -por un plazo definido- la explotación de una infraestructura junto con la responsabilidad de operación, mantenimiento y la mejora de la misma en caso de ser necesario. Al tratarse un activo previamente existente, el sector privado reconoce al Estado un pago inicial o periódico por el derecho de explotación. De esta forma, se generan nuevos recursos para incrementar el nivel de inversión pública y se garantiza la adecuada gestión de los proyectos, que de otra forma entrarían en deterioro y, consecuentemente, en una desmejora del servicio y cuantiosas necesidades de inversión a futuro para su reconstrucción.
