En un contexto de importantes restriccions fiscales, los países de América Latina enfrentan el reto de incrementar los niveles históricos de inversión anual en infraestructura, con el objetivo de financiar proyectos que han esperado por décadas y que son claves para impulsar la competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. Ante esta realidad, es importante preguntarse, ¿qué alternativas permitirían atender el rezago en infraestructura ante un entorno fiscal restrictivo?
Fuentes de fondeo. En esta situación lo primero que pensamos es que la participación del sector privado permitiría solucionar el problema al canalizar recursos, gestionar riesgos e introducir innovación en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, alguien debe pagar finalmente por la infraestructura y es aquí donde la identificación de fuentes de fondeo se posiciona como uno de los principales temas por resolver para poner en marcha modelos de participación público privada (PPP). En el caso de cobro sobre los usuarios, si bien existe una disposición a pagar en sectores como telecomunicaciones, energía o aeropuertos, en transporte terrestre el pago es normalmente cuestionado al entenderse que los impuestos específicos como aquellos sobre combustibles y propiedad de vehículos resultan suficientes. Asimismo, el poco valor que se le da al mantenimiento y la preferencia por proyectos nuevos, reduce la disposición al pago de tarifas en aquellos proyectos que ya se encuentran en operación. En esta circunstancia, países exitosos en la materia como Australia, han introducido un mecanismo PPP donde el pago de una tarifa además de garantizar una adecuada gestión de la infraestructura, permite desarrollar nuevos proyectos para la región de influencia del proyecto. Este modelo se denomina internacionalmente como reciclaje o aprovechamiento de activos.
Reciclaje de activos. De acuerdo con el informe “Global Build Asset Wealth Index 2015” publicado por la firma Arcadis, el stock de infraestructura y edificaciones de una nación posee un valor aproximado a 3 veces su PIB; cifra que debe hacernos reflexionar sobre la oportunidad que tiene el Estado de potenciar las numerosas propiedades y activos con los que cuentan en todo el territorio nacional. En este sentido, el reciclaje de activos consiste en estructurar un contrato PPP de un activo público existente donde el sector privado asume los riesgos y la responsabilidad de operación y mantenimiento, pero a su vez reconoce al Estado una importante contraprestación inicial o periódica por el derecho a la explotación del activo. De esta manera, se obtienen recursos frescos para nuevos proyectos y se garantiza una adecuada gestión de largo plazo, lo que reduce el impacto fiscal de largo plazo producto del limitado e inadecuado mantenimiento. Es decir, contribuye a un desarrollo fiscalmente sostenible de la obra pública. Cabe destacar, por ejemplo, que datos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) indican que por cada US$1 que se deja de invertir hoy en la conservación de red vial en buen estado, se deberá gastar entre US$7.6 y US$10 para la reconstrucción de la carretera al final de su vida útil.
Reciclaje de activos impulsaría mercado de valores. El Foro Económico Mundial (2014) en su informe “Infrastructure Investment: Policy Blueprint” encontró que inversionistas institucionales como fondos de pensión y aseguradoras muestran típicamente una preferencia por proyectos de infraestructura brownfield, es decir aquellos proyectos ya en operación y donde el riesgo constructivo es limitado o inexistente. Así, además de los beneficios expuestos anteriormente, el reciclaje de activos constituye un catalizador del mercado de valores local, al proveer a los inversionistas locales proyectos en línea con el perfil de riesgo de sus portafolios. Considerando estos elementos y la situación fiscal imperante, el equipo de Asesoría Financiera e Infraestructura de Deloitte Costa Rica (2018) desarrolló el Caso de Estudio de la Implementación del Reciclaje de Activos en la Carretera Cañas Liberia.
Cañas-Liberia. La carretera Cañas-Liberia (50 km) fue desarrollada con una inversión inicial de aproximadamente US$200 millones y se ha posicionado como una vía referente tanto en la provincia de Guanacaste como a nivel nacional. Sin embargo, surgen las siguientes preguntas: ¿la gestión de la carretera se enmarca en una estrategia de gestión de activos viales? ¿cuántos años más se mantendrá el nivel de servicio actual? ¿Es posible generar nuevos recursos para proyectos estratégicos en la provincia? El análisis realizado por Deloitte Costa Rica encontró que, mediante un esquema de reciclaje de activos, esta carretera podría generar hasta US$230 millones para invertir en nuevos proyectos para Guanacaste y más de US$100 millones en ahorros fiscales al Estado, producto de la reducción en gastos de mantenimiento y gestión de riesgos asociados.
Si bien los modelos PPP (concesión) no serán los únicos aplicables para el desarrollo de obra pública, es imperioso que el país abra espacio a modelos innovadores que permitan fortalecer la competitividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos.
Esquema de Reciclaje de Activos desarrollado por Deloitte FAS para el Caso de Cañas Liberia en Costa Rica.