Internacionalmente la implementación de esquemas de asociación público privada (APP) se posiciona como el eje central para el cierre de la brecha de inversión por parte de los gobiernos. Pero atraer a la empresa privado no pasa sólo por un tema de necesidades de recursos, sino también en la procura de eficiencias al lograr mejores resultados por el dinero invertido (value for money). Esta tendencia toma cada vez más fuerza en Centroamérica y el Caribe donde se han puesto en marcha nuevos marcos normativos para la atracción de inversión privado al sector de las infraestructuras. En este contexto, es valioso analizar algunos elementos clave para asegurar el éxito en el lanzamiento de programas APP.
Preparación sobre inauguración
La región requiere de acciones que contribuyan a generar un clima confianza que permita establecer políticas de largo plazo que superen los períodos electorales. En este sentido, el adecuado cumplimiento de las fases de liberación predial, estudios previos y relocalización de servicios constituyen el eje central para convertir las ideas en proyectos y forjar el camino correcto hacia la estructuración de proyectos técnica y financieramente viables. En este sentido, tanto las autoridades como los ciudadanos debemos entender que, si bien las decisiones deben ser inmediatas, los resultados de las mismas no necesariamente se materializarán en proyectos en el corto plazo. De este modo, los gobiernos no deben ser evaluado exclusivamente en función de cuantas inauguraciones realizan, sino además del avance en la maduración de los proyectos estratégicos.
Más allá de proyectos con tarifa
Las APP son un esquema de contratación donde la empresa privada asume un rol de accionista (no de proveedor) con remuneración basada en resultados y donde el objetivo primario que debe perseguir el Estado es la generación de eficiencias producto de la innovación del concesionario y de los riesgos que son trasladados al mismo (atrasos, sobrecostos, etc.). Bajo esta premisa, la figura APP no es exclusiva de grandes proyectos que basan su fuente de repago en el cobro de tarifa. Actualmente la gran mayoría de las economías modernas recurren a figuras APP tanto en proyectos que se repagan via tarifas como proyectos con cargo al presupuesto público. En Noruega, por ejemplo, el modelo se basa en contratos de 20-30 años en los cuales el sector privado asume las responsabilidades y riesgos de financiamiento, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Por su parte, es el Estado (y no por medio de peajes) quien realiza pagos al concesionario con base en disponibilidad, niveles de operación & mantenimiento, seguridad y en algunos casos con base en el nivel de flujo vehicular.
Impulsar el mercado de valores
Debemos tener claro que los modelos APP (concesión) implican la participación de numerosos actores y la aplicación de diversos instrumentos necesarios para el éxito de los proyectos. Mientras los concesionarios aportan capital de riesgo y expertise en el sector, el restante de recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos deberá provenir del sector financiero. En este punto es clave emprender las acciones para convertir a los mercados de valores en motores de los programas APP, actuando no sólo como canalizador de recursos locales, sino también facilitando la transparencia y la democratización de los proyectos al permitir el acceso de los ciudadanos a estas oportunidades de inversión. Para esto, será clave un acompañamiento técnico a los actores del mercado y el impulso de figuras como los fondos de infraestructuras y los fideicomisos que contribuyan a brindar seguridad y confianza a los inversionistas.
Transparencia y formación de capacidades
La confianza es la piedra angular de un programa APP. Para estos es necesario que toda la información del programa Se encuentre a “un click” de distancia, permitiendo a todos los ciudadanos e inversionistas potenciales conocer el estado de las fases preparatorias de los proyectos, cuánto se invertirá y por qué, a quién se contratará, cómo se pagará al concesionario, etc. Esto además de transparentar los procesos facilita la rendición de cuentas con relación al avance sobre la línea estratégica de largo plazo. Asimismo, la política de transparencia debe acompañarse de un esfuerzo sostenido que permita a los actores públicos y privados contar con capacitación y soporte técnico en la estructuración y seguimiento de iniciativas de concesión tanto desde el Estado como desde la empresa privada.
Si bien las APP no serán el único camino para el desarrollo de obra pública en la región, su utilización será clave para romper décadas de limitada inversión y brindar las condiciones para una mejor calidad de vida para los ciudadanos y una mayor competitividad para el sector productivo.