Las economías de América Latina enfrentan el reto de sostener la inversión en servicios de infraestructura en medio de fuertes presiones sobre las finanzas públicas. En esta coyuntura, toma relevancia la figura del reciclaje de activos como mecanismo para monetizar parte del stock de activos existentes. Este modelo consiste en estructurar una asociación público privada (APP) de un activo público donde el sector privado asume la gestión (no la propiedad), reconociendo a su vez al Estado una contraprestación por el valor del mismo (ligado a la capacidad de generar flujo de caja y las inversiones necesarias). Sin embargo, en algunas ocasiones este modelo es confundido con la forma tradicional de titularización de flujos de caja que han realizado históricamente las instituciones públicas. Seguidamente uno repaso breve de las 5 principales diferencias:
1) En el Reciclaje de Activos se transfieren riesgos del proyecto. El modelo de reciclaje se basa en un esquema APP en donde el Estado transfiere riesgos del proyecto al concesionario. En este sentido, tanto los objetivos del concesionario como de los financiadores dependerán del éxito en la implementación del modelo de negocio trazado para el proyecto. Por su parte, la titularización se basa en el descuento de los flujos futuros proyectados dentro de los presupuestos o fuentes de ingresos de la institución. En este sentido, quienes invierten en la titularización compran riesgo de repago del Estado o del flujo en específico (ej. la recaudación de un tributo) y no enfrentan riesgo de proyecto.
2) Valoración es distinta. La diferencia de ambos modelos implica también una valoración distinta de dado el perfil de riesgo. En el reciclaje de activos la estimación de la contraprestación al Estado depende de factores como la demanda proyectada, modelo tarifario, costo de operación y mantenimiento, asignación de riesgos y la fortaleza técnica del concedente. Por su parte en una titularización de flujos futuros de una institución pública, la valoración estará sujeta a la predictibilidad de los mismos como parte de la capacidad de pago de la misma o la estabilidad del flujo que vaya a ser descontado. Es distinto valorar un proyecto que valorar la capacidad de pago de una determinada institución estatal.
3) Reciclaje es un esquema de gestión mientras titularización es un instrumento de financiamiento. El modelo de reciclaje de activos además de monetizar activos, permite incorporar la experiencia del sector privado con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de la infraestructura reciclada. Esto se logra con la participación del sector privado como accionista del vehículo de propósito especial (SPV por sus siglas en inglés), lo que logra alinear los incentivos de negocio con los objetivos del proyecto. Es decir, mientras el reciclaje de activos es un modelo de gestión, la titularización es un instrumento de financiamiento. Incluso un concesionario podría eventualmente considerar la titularización dentro de la gama de financiamiento a incorporar en la estructura de un modelo de reciclaje.
4. Potencial impacto sobre las finanzas públicas. En el documento publicado por Eurostat en 2016 titulado "Guía para el tratamiento estadístico de PPPs" , los lineamientos indican los elementos que determinan si un proyecto se registra dentro o fuera de las cuentas fiscales del Estado. Concretamente, de los riesgos de Construcción (atrasos, sobre-costos, mala ejecución, etc.), Demanda (menos usuarios de los esperados), Disponibilidad (está en operación el servicio), al menos 2 deben ser trasladados al sector privado, en caso contrario el proyecto deberá ser considerado dentro del balance fiscal del Gobierno. Asimismo, dicha Guía en su página 21 es clara en que en aquellos casos en que el Estado tenga control en la toma de decisiones del SPV deberá registrar el proyecto dentro de su Balance (deuda pública). En este sentido, la diferencia es clara considerando los puntos anteriores.
5. Preparación y análisis poseen alcances distintos. Es claro que el reciclaje de activos requerirá un proceso previo de preparación que considere tanto elementos técnico, financieros, legales y sociales. Estos elementos deberán ser considerados igualmente en los procesos de debida diligencia por parte de los potenciales participantes.
En la presente coyuntura los gobiernos deben activar modelos innovadores para reactivar la actividad económica de una manera fiscalmente sostenible. Por ello es clave conocer el alcance de cada uno de los esquemas aplicables (ninguno es superior a otro per se) con el fin de implementarlos de acuerdo al tipo y necesidades de cada proyecto.