Hace casi 8 años, escribí un artículo titulado El Cuarto Oscuro de la Infraestructura, en el cual planteaba algunas ideas de cómo garantizar un mejor acceso a la información pública de proyectos. Pasado el tiempo, la falta de transparencia y casos de corrupción siguen siendo un problema sin resolver en el sector de obras públicas. Estudios de Transparencia Internacional colocan a la industria de las obras públicas como la propensa a nivel internacional al pago de sobornos, explicando la corrupción y la ineficiencia entre un 10% y 30% del costo de las inversiones. En este contexto, vale la pena plantear algunos puntos clave para minimizar estas situaciones y procurar un sector de infraestructura pública más transparente y donde se genere confianza a la ciudadanía y los diversos actores del sector privado.
Acciones para mayor transparencia en obras públicas
1. Facilitar el acceso a la información. En muchos casos, para conocer el avance real de un proyecto hay que reunirse con gran cantidad de personas (y probablemente todas con versiones distintas) o bien insistir mediante una serie interminable de oficios para que una institución entregue información (en una enorme cantidad de folios que no son claramente comprensibles). La información debe estar a un click de distancia y con un detalle adecuado para que los distintos sectores de la sociedad civil puedan mantenerse informados, analizar y cuestionar cuando sea necesario. Y esto ayuda incluso a los nuevos funcionarios o autoridades que ingresan a una institución y requieren conocer a detalle el estado de todas las iniciativas de inversión pública.
2. Detalle de estudios preparatorios. Normalmente los gobiernos son solamente evaluados por la inauguración pero es importante además considerar el avance que realizan en la preparación de los proyectos que heredarán a las futuras administraciones. Esta información, además de fortalecer el posicionamiento como política de Estado, permite tener información de partida para evaluar las desviaciones que puedan tener los proyectos una vez inicien ejecución en fase constructiva. Debemos dejar de lado aquella idea de que una vez se inagura se olvida todo.
3. Documentos de Licitación. Plantear modelos de bases de licitación y contratos que consideren los elementos centrales que se encontrarán las potenciales empresas participantes. Esto limita el que los concursos puedan estar direccionados a uno o pocos participantes. Durante los concursos debe quedar claro además a quién se contrata y las razones, quedando toda esta información a disposición del público. Pero no mediante sistemas complicados que impiden tener la información de manera oportuna.
4. Detalle de asignación de riesgos. La presión es siempre adjudicar e iniciar construcción (tanto en obra pública tradicional como en alianzas público privadas) y por lo mismo pocas veces se tiene clara la asignación de riesgos por parte de ciudadanos y otros actores del sector. Revelar esto permitiría conocer los riesgos que se corren, por ejemplo, cuando se da orden de inicio en obra pública tradicional (OPT) cuando están pendientes porciones significativas de derechos de vía u otras responsabilidades que puedan haber sido retenidas por el Estado.
5. Promover esquemas alternativos. Promover esquemas alternativos como las alianzas público privadas (APP) y los esquemas ligados al mercado de valores, permite promover la participación de más actores (“más ojos” como es el caso de los financiadores) en los proyectos a la vez que cuando se realizan emisiones en mercados de valores, la información financiera se hace pública.
6. Información clave en esquemas alternativos. Los esquemas alternativos (como se mencionó en el punto 5) son importantes pero estos deben acompañarse de la revelación de elementos clave que garanticen transparencia. Por ejemplo, que se revelen de manera simple para el público los ingresos que generan los concesionarios, las principales cláusulas contractuales y que el Estado pueda estimar el rendimiento (tasa interna de retorno) del proyecto y del accionista que se están generando. Esto permite, no solamente que el público se mantenga informado, sino que las autoridades puedan tomar mejores decisiones en la gestión contractual.
7. Rotación de los Supervisores. La sección del 203 of the Sarbanes-Oxley Act (Ley Federal para proteger a inversionistas en EEUU) establece que los auditores de las empresas deben rotar cada 5 años, esto con el objetivo de garantizar el adecuado desempeño de esta importante tarea. Esta regla debería implementarse del mismo modo en proyectos de infraestructura por APP o alternativos de largo plazo con las empresas supervisoras y en esquemas de OPT, evitando que supervisen empresas relacionadas o bien que siempre sea la misma empresa que supervise el trabajo de un contratista.
8. Conflictos de Interés. El mismo Sarbanes-Oxley Act en su sección 202 establece que los auditores deben revelar otras actividades que realicen con la empresa u otras del sector, con el objetivo de revelar conflictos de interés. Esto mismo debe aplicarse en el sector de infraestructura, en todas las actividades, siendo la consultoría (por parte de personas y empresas de especial importancia). Todos los consultores (físicos o empresas) deberían relevar potenciales conflictos de interés y abstenerse de participar en aquellos casos en el que los hay. No es posible estar representando al sector público por la mañana y a una empresa privada (relacionada o del mismo sector) por la tarde. Y claro, que muchas firmas trabajan tanto para sector público como privado, pero debe siempre tenerse el cuidado de no cruzar ciertas líneas. Esta es una práctica básica, por ejemplo, en las grandes empresas de auditoría y consultoría a nivel internacional.
9. Certificar Proyectos. Existen iniciativas como la Certificación Blue Dot desarrollada por la OECD para garantizar la aplicación de los 20 Principios del G20 para Inversión en Infraestructura de Calidad. La misma incluye un componente anticorrupción y de promoción de la transparencia.
10. Defender los Proyectos no a los Contratistas. Los gobiernos tendrán la voluntad de ir adelante con los proyectos, lo cual es muy bueno. Sin embargo, en este importante impulso, deben tener el cuidado de defender exclusivamente su proyecto y el resultado esperado, evitando que -aun sin quererlo- se cruce a la zona de defender la mala gestión de una empresa contratista o concesionaria. Es decir, defender el proyecto puede implicar en algunos casos parar el proyectos sea cual sea la fase en la que se encuentra sin caer en una prisa que en medio del desorden normalmente beneficia exclusivamente a una de las partes.
Mucho por trabajar en el sector, muchas experiencias de las cuales aprender y un proceso sostenido en el tiempo que permitirá que América Latina cuente con un sector de obra pública que adopte las mejores prácticas y permita un uso eficiente de los limitados recursos públicos.